Según el colectivo hacktivista Guacamaya, días después de la desaparición de los 43 normalistas, la Sedena señaló estas relaciones entre alcaldes y el narco.
Dentro los correos del ejército que se filtraron, hay uno que data desde octubre del 2014, a pocos días después de que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la Sedena reportó a Tomás Zerón, titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal de la PGR —quien, por cierto, fue el principal responsable de la investigación que ahora conocemos como la "verdad histórica"—, que tenía en el radar a 20 alcaldes de Guerrero por tener queveres con los grupos delictivos de la región como Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Los Tequileros.
Entre ellos se encontraba nada más y nada menos que José Luis Abarca, presidente municipal perredista de Iguala, que ha sido señalado repetidas veces por ser partícipe de este crimen, bajo la acusación de que proporcionó protección a los integrantes de “Guerreros Unidos”, con los que también mantenía vínculos cercanos.
Por otro lado, el Ejército reportó en aquel entonces que el 25% de los municipios de dicha entidad se encontraban bajo el mando de funcionarios que de igual forma fueron acusados de llevar a cabo campañas políticas cuyo financiamiento fue patrocinado por, nada más y nada menos que, los mismos operadores del narcotráfico.
Cinco años después de este correo, la Sedena elaboró otro informe mediante el cual, con todo y mapas, señalaron que el estado que más contaba con la presencia de grupos del crimen organizado, así como la complicidad con autoridades locales, era Guerrero. Con colores y dibujitos, señalaron que hay por lo menos cinco organizaciones criminales y 16 grupos delictivos locales que atravesaban una batalla por el control y tráfico de drogas del estado.
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